Consejo Mexicano de Psicología

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Breve reseña de los acontecimientos

La Constitución Nacional Paraguaya vigente fue promulgada en el año 1992. Entre sus principales características se encuentra la prohibición expresa de la reelección presidencial, la cual, en la forma actual de su texto, queda taxativamente excluida como posibilidad. En su momento, esta determinación fue tomada por los convencionales constituyentes en respuesta a la nefasta práctica de las reelecciones indefinidas, que fueron una de las perversiones políticas más dañinas que tuvo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Este, amparado en la Constitución de 1967, había intentado siempre darle una apariencia legal y democrática a su régimen de facto, a través de elecciones de fachada pero aviesamente manipuladas y sin reales posibilidades de competencia igualitaria a los sectores “opositores” que tenían representación parlamentaria. En la práctica, los integrantes de esta “oposición” eran conciencias alquiladas y al servicio obsecuente del tirano, mientras la verdadera permanecía perseguida y capturada en los calabozos, o sometida a frecuentes e inhumanas prácticas de abusos y tortura. Esto hizo que los convencionales constituyentes de 1992, conscientes de las aspiraciones del pueblo paraguayo de vivir en el pleno ejercicio cívico de la libertad, eliminaran de manera inequívoca la reelección en el texto constitucional, para suprimir definitivamente cualquier posibilidad de repetir, con nuevos actores, las nefastas experiencias del pasado. Con el advenimiento de la democracia, varios de los nuevos mandatarios civiles volvieron a plantear el tema de la reelección presidencial y la persiguieron con diferente intensidad y disímil es estrategias políticas, a veces con un acento claramente demagógico, pero siempre debieron retroceder ante la infranqueable cláusula normativa de que la reelección no está permitida “en ningún caso”.

Tras sucesivos gobiernos, en el 2013 el empresario y dirigente deportivo Horacio Manuel Cartes Jara ganó las elecciones generales paraguayas por el Partido Colorado. Entre las promesas políticas del nuevo presidente figuraba su compromiso de no buscar la reelección porque, según dijo en la ocasión, constituía un tema que había desgastado y crispado demasiadas veces la atención de la opinión pública nacional, y era necesario abocarse al trabajo y a resolver los problemas del país. Cartes había ratificado la misma posición a la prensa internacional y todavía en octubre del año pasado decía haber renunciado a cambiar el texto constitucional. Sin embargo, los adherentes de su sector interno en el Partido Colorado comenzaban a hablar cada vez con mayor insistencia de la reelección. En realidad, era una idea que se venía mencionando con relativa tibieza desde inicios del 2016, e incluso antes. Para ello, proponían una modificación de los artículos de la Constitución que bloqueaban toda opción de reelección. Desde luego, la Constitución prevé mecanismos para la modificación de sus artículos, como el proceso de la enmienda constitucional o la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Los adherentes del presidente pretendían tomar el atajo a través del procedimiento de la enmienda, pues una constituyente les demandaría más tiempo de organización y convocatoria, y los dejaría fuera del cronograma electoral para competir en las nuevas elecciones del 2018. Además, los artículos involucrados sólo pueden modificarse por una constituyente. Este fue el origen de las primeras tensiones, y llevó a que un grupo de legisladores pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Democrático Progresista (PDP), el partido Avanza País y un sector disidente del Partido Colorado de Cartes, más una parte importante de la ciudadanía, objetaran esta pretensión, a la que también se adhirió el ex presidente Fernando Lugo y su grupo parlamentario de la concertación Frente Guasú (FG)o “Frente Grande”.

Las tensiones y radicalización entre el grupo de senadores que ha insistido sistemáticamente en la enmienda (es decir, el sector “cartista” del Partido Colorado, un grupo del Partido Liberal Radical Auténtico, el partido Unace, y el Frente Guasú) y el del sector que se les opone, fueron en aumento, y con ello, las repercusiones sobre el resto de la sociedad que se tornaron cada vez más obvias. Los reeleccionistas agotaron todas las instancias de discusión que involucraban cualquier racionalidad jurídica y política sobre la posibilidad de la reelección en la forma actual que presenta el texto constitucional, en un primer momento, y de la enmienda, después. Tropezaron con la interpretación contraria de los constitucionalistas y quienes participaron de la redacción del texto constitucional en 1992, aunque siempre hubo algunos ciudadanos de orientaciones afines dispuestos a darles la razón. Al ver cerradas estas posibilidades jurídicas, recurrieron a procedimientos como la descalificación abierta de sus oponentes y a intentar involucrarlos en presuntos hechos delictivos, como una supuesta conspiración de la oposición en un plan de asesinato del Presidente Cartes, basados en supuestos mensajes de grupos de WhatsApp que luego probaron ser manipulados o implantados, así como una presunta campaña pro-enmienda, que buscaba dar lugar a un referéndum mediante la recolección de firmas, pero que resultó en un bochornoso fraude de firmas falsificadas, en donde incluso cientos de ellas pertenecían a personas fallecidas, menores de edad o personas que se hallaban en el extranjero. Estos hechos, que ocurrieron entre diciembre del 2016 y febrero del 2017, no hicieron más que generar un enorme hastío y frustración en la población, y la sensación de una permanente inestabilidad social, que no favorecía un clima para dedicarse con libertad a las actividades cotidianas, por el grado de incertidumbre y crispación provocados.

El martes 28 de marzo pasado, el grupo de legisladores afines a la intención de la enmienda, desconociendo al Presidente de la Cámara de Senadores, contrario al proyecto, constituyó una mayoría espuria y aprobó el cambio del reglamento de la Cámara respectiva, que posee rango constitucional, modificando varios artículos. Entre ellos, se alteró el número mínimo de votos necesario para lograr la aprobación de resoluciones. Este hecho de por sí, incrementó la frustración existente en la población, al punto que algunas instituciones educativas que se hallan cercanas a la sede del Congreso Nacional debieron suspender sus actividades académicas, en temor a situaciones inmanejables. Pero el punto de tensión llegó al máximo cuando en la tarde del viernes 31 de marzo, el mismo grupo de senadores oficialistas atracó de nuevo la sede del Congreso Nacional y, por un procedimiento irregular y semejante al del martes anterior, y además guarecidos en una sala del edificio y no en la sala oficial de sesiones, modificaron los artículos de la Constitución que prohíben la reelección. El golpe estaba consumado. La situación, transmitida en vivo por los canales de televisión, motivó la concentración de un gran número de personas frente a la sede del Congreso, que fue reprimida con violencia desmedida por parte de la división antimotines de la Policía Nacional, quienes dispararon directamente al rostro de algunos manifestantes, hiriendo gravemente al diputado liberal Edgar Acosta, a otros parlamentarios, dirigentes de partidos políticos y civiles en general, que fueron alcanzados por balines de goma que les provocaron diversas heridas. En todos los años de la transición democrática, no se había visto a la policía paraguaya actuar de esta manera tan alevosa.

La reacción desproporcionada de las “fuerzas del orden” no hizo retroceder a los manifestantes cuyo número iba en constante aumento. Algunas horas después, y al caer la noche, una turba furiosa y descontrolada atacó la sede del Congreso, no sólo destruyendo las instalaciones edilicias, muebles y documentación de la institución, sino además prendiéndole fuego deliberadamente, lo cual causó la destrucción del cuarenta por ciento del edificio. En ese momento, los senadores contrarios a la enmienda permanecían en el interior del edificio, lo cual puso en serio riesgo sus vidas. Muchos hechos llamativos coincidieron con estos acontecimientos, como la llamativa desaparición del grueso contingente policial minutos antes de iniciarse el ataque, dejando la vía libre a los incendiarios, lo cual hace pensar en la posibilidad de una complicidad de las “fuerzas del orden” en los sucesos. Otros edificios como el de la Comandancia de la Policía Nacional, la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda, el Panteón Nacional de los Héroes (monumento nacional) y varios locales comerciales, plazas y automóviles de los alrededores fueron saqueados, incendiados y destruidos. A finales de la noche del viernes 31 de marzo y en las primeras horas del sábado 1 de abril, la Policía realizó una intensa e indiscriminada redada en el micro centro de Asunción, procediendo a la detención de todas las personas que se encontraban en la calle, la mayoría de ellas sin haber tenido participación en las manifestaciones ni en los actos vandálicos, reprimiendo con extrema brutalidad y violencia, y desconociendo los procedimientos a que obligan las garantías constitucionales de los ciudadanos. 211 personas fueron conducidas a la Agrupación Especializada de la Policía, un lugar de reclusión, y allí permanecieron sin recibir asesoramiento legal ni atención médica durante la jornada del sábado 1, y sin comunicárseles el motivo de su detención, como la ley exige.

El momento más luctuoso de la jornada se produjo pasada la medianoche del sábado 1, cuando la Policía Nacional, sin motivos justificados y careciendo de una orden judicial, ingresó violentamente en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cometiendo disparos en su interior, e hiriendo de muerte al joven dirigente juvenil Rodrigo Quintana, de 25 años, quien fue asesinado a sangre fría de un disparo de escopeta, perforándole ambos pulmones y el hígado. El operativo podría haber causado más muertes, y los responsables fueron descubiertos sólo por las filmaciones de un circuito cerrado de televisión instalado en el edificio. La acción de la Policía, más que el de una fuerza pública, se parece al de un escuadrón de la muerte, que ingresó al local del partido con la intención expresa de asesinar a los ocupantes, y con seguridad habiendo recibido instrucciones precisas de sus superiores, a quienes hasta el momento se encubre. En la noche del domingo, y tras las críticas constantes de la población, el pedido expreso de paz del Papa Francisco y un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos, el Presidente Horacio Cartes llamó a los presidentes de los partidos políticos, a los de ambas cámaras del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y a la Iglesia Católica a un diálogo, que sin embargo genera muchas dudas ya que el sector oficialista del Partido Colorado no ha moderado en nada su lenguaje agresivo, y declara que se mantiene firme en su proyecto de reelección, sin que los sangrientos acontecimientos del fin de semana y las muertes de personas desarmadas parezcan importarles. Es más, los principales dirigentes de la oposición son acusados de ser los instigadores y responsables de los actos vandálicos contra el edificio del Congreso. De manera que, un diálogo en estas condiciones parece, por decir lo menos, sumamente difícil e inviable.

En este momento, la situación es de un tenso compás de espera, y aunque los hechos violentos no se hayan repetido, la intransigencia que muestra el sector gubernamental y sus aliados en ambas cámaras del Congreso, más su negativa a desistir del proyecto de la enmienda, podrían dar lugar a nuevos hechos de violencia. La población, en particular los jóvenes, ha optado por la protesta activa y permanente, y las manifestaciones se han extendido a todas las ciudades del país.

Ante tal curso de acontecimientos:

Los psicólogos paraguayos, en su doble rol de ciudadanos y profesionales del comportamiento humano, observamos con extrema preocupación el incierto panorama actual, y cómo las ambiciones personalistas de individuos y grupos políticos, y el abierto oportunismo de otros, conducen a la población nacional hacia situaciones de gran estrés colectivo, que minan las condiciones ideales para promover una adecuada salud mental en el tejido social. Además, llevan al país a colocarse frente a los fantasmas de épocas que creíamos superadas, donde la voluntad del soberano y su séquito de obsecuentes se imponían a la racionalidad legal y política y donde los ciudadanos, en su conjunto, eran degradados al infame rol de vasallos.

Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a manifestarse a favor de mecanismos pacificación y de diálogo en condiciones de igualdad, fraternidad y anteponiendo los intereses de la nación antes que los particulares sectorialistas y personalistas. Exigimos la pronta clarificación y consecuente asunción de responsabilidades en los hechos violentos, en el quiebre de la institucionalidad, la garantía de cumplimiento de derechos y; sobre todo en la muerte de un ciudadano paraguayo que tenía, como todos nosotros, la esperanza puesta en un Paraguay mejor, con gobernantes sensatos, honestos, que trabajen para y con el pueblo y no quebrantando la institucionalidad, la seguridad, los derechos humanos básicos de los que poblamos esta parte del mundo.